Áncash: Denuncian presunta evaluación de desempeño irregular en centro de salud mental de Caraz

Un grupo de trabajadores del Centro de Salud Mental Comunitario «Qori Qoyllur» de la ciudad de Caraz, en la región Áncash, presentó una denuncia anónima en la que advierte la existencia de presuntas irregularidades administrativas, actos de hostigamiento e intimidación laboral, así como una afectación directa a la atención de los usuarios del servicio de salud mental.

Según refieren los denunciantes, se habría aplicado una evaluación de desempeño que no cumpliría con la normativa vigente del Ministerio de Salud. Indican que el proceso no habría utilizado los formatos oficiales, carecería de indicadores técnicos y criterios objetivos, y se habría sustentado en apreciaciones subjetivas sin respaldo documentado. Asimismo, señalan que el procedimiento vulneraría los principios de imparcialidad y transparencia.

Los trabajadores afirman que no fueron informados de manera formal ni oportuna sobre la realización ni los resultados de dicha evaluación, tomando conocimiento de su existencia por terceros, lo que —según indican— vulnera el derecho al debido proceso administrativo y a la información.

La denuncia también señala presuntas omisiones por parte de instancias superiores, así como contradicciones internas en las decisiones administrativas y técnicas, lo que habría generado confusión institucional y desprotección para el personal del establecimiento.

De acuerdo con el testimonio de los denunciantes, tras solicitar la nulidad de la evaluación y exigir un proceso justo, se habrían producido presuntos actos de represalia, intimidación y hostigamiento laboral, generando un clima de temor e inestabilidad en el centro de trabajo. También se advierte sobre supuestas irregularidades en el cumplimiento de la jornada laboral de parte del personal administrativo.

Otro aspecto considerado grave es la presunta vulneración de derechos laborales, incluyendo situaciones de maltrato y falta de protección a personal en condición de gestación, así como la tolerancia de conductas que pondrían en riesgo la integridad de los trabajadores.

Los denunciantes sostienen que, como consecuencia de estos hechos, el centro de salud mental habría quedado sin profesionales esenciales, lo que habría provocado la interrupción de tratamientos médicos y psicológicos, afectando la continuidad de la atención de usuarios en situación de vulnerabilidad.

Ante ello, solicitan la intervención inmediata de las autoridades competentes, la revisión de los procesos administrativos cuestionados y la adopción de medidas urgentes para restituir el servicio de salud mental en beneficio de la población.