En declaraciones al programa digital Ahora Es Noticia, el subgerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Independencia, David Ramos Charquí, informó que ya se realizó una primera reunión con autoridades locales y presidentes de las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) para definir acciones concretas, establecer un cronograma y asignar responsabilidades a las instituciones involucradas
¿Por qué se declaró la emergencia?
Según el informe técnico del Indeci, la capacidad de respuesta del gobierno regional ha sido sobrepasada, por lo que se requiere la intervención del Ejecutivo a través de diversos sectores.
El decreto señala que la medida permitirá ejecutar acciones inmediatas y necesarias para reducir el Muy Alto Riesgo existente, así como labores de respuesta y rehabilitación.
¿Qué acciones se plantean?
David Ramos mencionó que entre las medidas que van a priorizar se encuentra la implementación de una red de captación de agua de mejor calidad en las inmediaciones de la laguna Llaca, con el objetivo de abastecer a las seis JASS afectadas por la subcuenca Casca, beneficiando aproximadamente a 18 mil pobladores.
Asimismo, el funcionario indicó que se proyecta realizar el sifonamiento de las lagunas ubicadas al pie del nevado Vallunaraju y el tratamiento de aguas ácidas en la zona que desde el 18 de abril del 2025 se contaminaron debido a un derrumbe.
¿Qué establece el decreto?
Según lo establece el Decreto Supremo N.º 026-2026-PCM, el Gobierno Regional de Áncash y la Municipalidad Distrital de Independencia ejecutarán las medidas correspondientes, con coordinación técnica del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y la participación de los ministerios de Salud, Vivienda, Defensa, Interior y Ambiente, entre otros.
Las acciones deberán tener relación directa con el evento que origina la emergencia y podrán ajustarse según los estudios técnicos que se desarrollen durante el proceso.
En cuanto al financiamiento, el decreto precisa que las intervenciones se ejecutarán con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.