El director regional de Educación Jaime Cupe acaba de poner el dedo sobre la llaga al famoso plus (bonos de productividad) que suelen pagarse a los trabajadores nombrados de la UGEL Huaraz con la justificación por desempeño eficiente; pero el asunto -sin querer queriendo- puede reventarle en la cara a él mismo porque en la direccion regional que él dirige también estaría ocurriendo lo mismo como en todas las UGELES.
Ojala no sólo se una cuestión personal con el director de la UGEL Job Alejandro Jacha, la fiscalización tiene que hacerse extensivo a todas las dependencias que dirige.
Hay que recordar que esta práctica se ha institucionalizado desde hace muchos años desde el propio gobierno regional para extenderse a sus dependencias como las direcciones regionales y las redes de salud y UGELES.
En el gobierno regional cuántos presidentes y gobernadores fueron y son presionados por sus sindicatos para el pago de estos bonos, alegando jurisprudencia y derechos ganados. Estos dos últimos argumentos corresponden ser dilucidados por la Contraloría, especialmente ahora que últimamente anda bastante activo.
Seguramente los trabajadores pueden verse aliviados con el ingreso adicional que representan los plus, pero es de hacer notar que estos pagos -no afectos a impuestos- doblan y triplican sus sueldos y salen de los denominados remanentes presupuestales.
Se entiende que remanente a un sobrante presupuestal. ¿Pero realmente sobran presupuestos, cuando se tienen hospitales y postas desabastecidos, como se ha denunciado en la Microrred de Salud Conchucos Norte de Pomabamba, donde funcionarios y trabajadores han cobrado miles de soles, asunto que está en manos de la Fiscalía Anticorrupción.
Igual pasa en las UGELES y la propia DREA, donde se hacen “sobrar” montos que les corresponden a las instituciones educativas y a los profesores que andan mendigando el pago de sus bonificaciones que por Ley les corresponden.
El manejo populista de las últimas administraciones regionales y el cambio constante de funcionarios han puesto todavía más enredado el asunto, dando lugar a que los sindicatos manejen a su libre albedrío las distribuciones presupuestales, en desmedro de la población usuaria.
Revisar, analizar y decidir son tres tareas que corresponden de inmediato a la Contraloría General de la República, más aún cuando en muchos sectores han recurrido a la judicialización amparándose en el largo proceso y continuar con el desembolso de los plus, que en todo caso debe ser adecuadamente regulado.
Es bueno velar por el bienestar y el derecho de los trabajadores, siempre y cuando éstos tampoco se contrapongan a los derechos que tiene la población a la que sirven.
