Necesaria explicación y deslinde

El gobernador regional afronta su primera crisis tras la difusión de un reportaje que presuntamente lo involucra en actos irregulares en la ejecución de una obra en el proyecto Chinecas (cuando ejerció su condición de contratista)

Su ausencia -por viaje al extranjero- abonó las especulaciones que se fueron, incluso, a lo novelesco como: “se ha escapado”, “ya no volverá” o “ya tiene prisión preventiva” entre otros rumores, los mismos que preliminarmente se difuminaron cuando retornó al país, y hoy debe dirigirse a la opinión pública a través de la prensa.

La explicación y el deslinde son imperativos y capitales, sobre todo cuando Ancash viene de gobiernos anteriores inestables y con ribetes de corrupción.

Hay que advertir, sin embargo, que el gobernador no está denunciado ni investigado, aún, por el Ministerio Público; entonces aquello de la prisión preventiva no es más que una especulación con arista más política que legal.

Esto sin embargo no levanta las sombras y suspicacias contra él, quien siendo ahora el flamante presidente del directorio del Proyecto Chinecas, tiene la delicada responsabilidad de responder y aclarar documentadamente sobre la denuncia periodística. No caben versiones a medias tintas, está en la obligación de ser concluyente.

Ya el presidente de la Comisión de Fiscalización, Raúl Lafora, ha demandado a Morillo a dar su descargo y de paso anuncia que, que junto a los integrantes de su comisión, irán al mismo proyecto y entrevistarse con el procurador para tomar mejor conocimiento del caso. Este procedimiento nos parece responsable, para cortar por lo sano cualquier otra interpretación.

Pero, Lafora también ha sido suspicaz al considerar que este tema –que ya fue visto en la campaña de segunda vuelta- vuelva al tapete justo cuando el gobierno central a través del presidente de la República el ministro de Agricultura hayan hecho público la decisión de transferir 200 millones de soles iniciales para dar viabilidad real al proyecto agroindustrial ancashino.

La disposición que tiene el gobierno de Vizcarra debe haber puesto de vuelta y media a los directivos y autoridades de CHAVIMOCHIC que son los que más están aprovechando las aguas ancashinas del río Santa y por lo tanto no es mala idea para ellos, torpedear.

Desde luego son conjeturas que se tejen; como las que se hacen también contra el gobernador regional ancashino, quien por todos estos asuntos está obligado a ser transparente y frontal para  deslindar y desatar el entuerto; caso contrario, él mismo podría estar torpedeando a la gobernabilidad regional que aún está frágil.