La Oficina de Control Interno (OCI) del Gobierno Regional de Áncash (GRA) será «absorbida» administrativamente por la Contraloría General de la República, anunció el contralor Nelson Shack durante una reunión de trabajo con el gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa.
Este proceso de transferencia tendrá un período de tres meses y terminará con un acuerdo de Consejo Regional, que dará vida a la nueva Oficina de Control Regional de Áncash, organismo que tendrá funcionarios designados por la Contraloría y que dependerá jerárquica y funcionalmente de la Oficina de Gerencia de Control de Áncash.
“Será muy importante que hagamos un trabajo conjunto para consolidar esta nueva oficina, que busca realizar una correcta labor de fiscalización y que esté de acuerdo a ley”, afirmó Juan Carlos Morillo, quien también pidió a los consejeros apoyar esta decisión de Contraloría.
Sincerar requisitos para perfiles
Por su parte, el contralor Nelson Shack detalló que la nueva oficina permitirá que exista un mayor control. Asimismo, explicó que se han encontrado muchas complicaciones en los requisitos que se solicitan para el nombramiento de funcionarios, por lo que recomendó que sean modificados.
“En mi caso, soy contralor de la República, tengo toda la experiencia para asesorar a una municipalidad, pero no tengo los cinco años en cargos similares que piden, es decir, a pesar de mi experiencia, no cumplo con el perfil. De otro lado, se pide que se cambien funcionarios en la administración pública, pero cómo los nuevos profesionales pueden ingresar a laborar al Estado, si siguen los perfiles antiguos, hay que cambiar esto”, remarcó.
Disolución de contratos
En la reunión donde participaron los consejeros regionales y funcionarios, la máxima autoridad regional aprovechó la oportunidad para mostrar su preocupación por las obras que llevan años paralizadas por estar observadas por Contraloría, a lo que Nelson Shack anunció que en dos meses se aprobaría una nueva ley que permitirá disolver unilateralmente los contratos cuyas obras tengan más de seis meses de paralizadas, y de esta manera las regiones o municipios tendrán facilidad para culminar los proyectos abandonado
