Contraloría debe recobrar facultad sancionadora

La corrupción sigue de plácemes, mientras la Contraloría como nunca se ha equipado y ejecuta acciones de control en tiempo récord en el Congreso siguen demorando el trámite que su titular nacional efectuó para que le devuelvan la facultad sancionadora que otrora tenía.

Es increíble cómo los «Padres de la Patria» se enjuagan la boca con discursos inflamados de aparente lucha contra la corrupción, pero en el pasado Congreso que fuera disuelto se haya quitado la competencia que le era característica y que temían los funcionarios y autoridades de otrora, pese a que este órgano se hallaba disminuído.

Ahora la Contraloría ha crecido tanto en profesionales, peritos y hasta la incorporación de monitores sociales que sensibilizados por el crecimiento vertiginoso de la corrupción se han puesto en primera línea; hace poco en Huaraz y Chimbote se han lanzado el Mega Operativo que abarca todas las instituciones regionales y para marzo y abril se conocrán los resultados de sus pesquisas, sin embargo estas corren el riesgo sólo de estar en las primeras planas informativas pero nadie finalmente sea sancionado.

En ese lanzamiento se ha informado que Ancash ha perdido más de 800 millones de soles por actos de corrupción, ocupamos el triste cuarto lugar a nivel nacional, además de que hay carencias clamorosas como la falta de sistemas de saneamiento en los pueblos del interior mientras alcaldes y gobernador se esmeran por priorizar otros proyectos que les generan «diezmos», el cierre de brechas sigue siendo un saludo a la bandera.

Las anteriores pesquisas efectuadas por la Contraloría también han permitido evidenciar cómo varias municipalidades vienen malgastando los recursos que les transfiere el gobierno central y la Autoridad de Reconstrucción con Cambios; en las redes de salud y unidades de gestión educativas locales (UGELES) sus trabajadores administrativos se apropian malamente de fondos asignados para los colegios y hospitales para autopagarse los denominados incentivos laborales, que hasta quintuplican sus sueldos, pese a que éstos están normados, pero apelando a presuntas sentencias judiciales se salta a la Ley.

Ahora la Contraloría también tiene en cada repartición estatal funcionarios que dependen directamente de ella y no como antes de los entes que los contrataban; pero igual sus recomendaciones son echados al canasto por los titulares de pliego y viéndolos más bien como una piedra en el zapato, antes que como un ente que los ayude a gestionar mejor los recursos y mejorar su propia gobernabilidad.

En el reciente lanzamiento del Mega Operativo, estuvieron los congresistas Otto Guibovich y María Bartolo y a su salida saludaron las acciones de la Contraloría, pero que sepamos hasta el momento no han ingresado un solo documento para hacer que el pedido planteado por el vicecontralor sea insistido en el Parlamento. Congresistas dejen de ser poseros, pasen a la acción.

El país y nuestra región, sí quieren una Contraloría vigorosa, implementada y eficaz no solo en los señalamientos sino en la efectiva sanción a quienes aprovechandose de su condición de inquilinos del poder obren más bien como feudales que hacen y deshacen a su antojo, mientras el Poder Judicial y Ministerio Público se demoren por estar, dicho sea de paso, carentes de peritos que permitan reventar efectivamente el pus de la corrupción.