Defensoría del Pueblo: Alcalde de Huaraz debe convocar a instancia para la lucha contra la violencia hacia las mujeres
Última reunión con integrantes de este importante mecanismo multisectorial se desarrolló el 1 de marzo, por lo que urge evaluar políticas y acciones de trabajo
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Áncash exhortó al alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaraz, Rori Mautino Ángeles, en su calidad de presidente de la Instancia de concertación provincial para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, a convocar, de manera urgente, a una nueva sesión de dicho grupo de trabajo. Esto debe ser prioridad a fin de aprobar acuerdos conjuntos que permitan mejorar el accionar de las instituciones frente al incremento de la violencia contra las mujeres en la provincia, a lo largo de la pandemia del COVID-19.
Por ello, la jefa de la oficina defensorial de Áncash, Soledad Rodríguez, consideró que es necesario evaluar las acciones desarrolladas a lo largo del segundo trimestre del año, más aún si se tiene en cuenta que, solo en los cuatro primeros meses del año, se reportan más de 2300 casos de violencia atendidos por los centros de Emergencia Mujer en Áncash.
“De acuerdo a las cifras oficiales del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, actualizadas a abril último, Áncash es la octava región a nivel nacional en denuncias por violencia contra las mujeres, por lo que urge evaluar las políticas multisectoriales a nivel provincial para una lucha eficaz contra este flagelo”, expresó la representante de Defensoría del Pueblo, quien señaló también que, de acuerdo al reglamento interno de este grupo de trabajo, se debe convocar a reuniones ordinarias como mínimo una vez al mes.
Cabe indicar que el grupo de trabajo provincial, que es encabezado por el alcalde huaracino en su calidad de presidente, tiene como propósito establecer políticas integrales y acciones de prevención, sanción y erradicación de toda violencia contra mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y con discapacidad. Además, debe garantizar el respeto a una vida libre de violencia y salvaguardar los derechos de los sectores poblacionales en estado de vulnerabilidad.
