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Ancash: Confirman prisión preventiva contra gobernador regional procesado por colusión agravada

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Ancash: Confirman prisión preventiva contra gobernador regional procesado por colusión agravada

Gobernador de Áncash y demás funcionarios procesados cumplirán prisión preventiva de 10 meses por el caso IOAR de Huaraz.

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El Ministerio Público representado por el Dr. Jorge Luis Temple, fiscal superior de La Primera Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Áncash, logró que la Segunda Sala Penal de Apelaciones, confirme el mandato de prisión preventiva dictada contra el Gobernador Regional de Áncash Juan Carlos Morillo Ulloa y otros funcionarios, procesados el delito de colusión agravada, en agravio del Estado.

El fiscal superior, en audiencia pública, sostuvo técnica y jurídicamente que de la verificación del juicio de atribución realizado por el Ministerio Publico, existen suficientes elementos de convicción de la comisión del delito que vinculan al  Gobernador Regional de Ancash, Juan Carlos Morrillo Ulloa y otros funcionarios con los hechos, por lo que la apelación presentada por los procesados debería ser declarado inadmisible, al no pasar el control de admisibilidad, y no reunir los escritos de apelación los requisitos establecidos en la Ley Procesal Penal e Infundada al concurrir los presupuestos materiales para la prisión preventiva y no haberse desvirtuado el peligro  procesal.

Prisión preventiva por IOAR de hospital de Huaraz

La medida restrictiva dictada, se ha impuesto dentro del proceso penal por la  presunta comisión del delito de colusión agravada, atribuido al gobernador regional de Áncash a las funcionarios y servidores públicos intervinientes en el proceso de contratación directa a raíz de la Emergencia Sanitaria, en el componente de Infraestructura y Equipamiento del Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz, para la atención de pacientes COVID -19.

Presunta sobrevaloración

El dicha obra se advierte una sobrevaloración de S/ 1,917.949.20 soles; esto significa la defraudación al Estado por más de un millón de soles; por lo que al existir fundadas razones que involucran a los procesados, la restricción a su libertad personal  dictado por el plazo de diez meses, resultaba ser necesaria.

De este modo el Ministerio Público, viene asumiendo de manera proactiva  y eficaz el rol que le atribuyen las leyes, la constitucional y de lucha contra la corrupción.

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