En la tarde de hoy, en nuestra plataforma radial se sostuvo una entrevista con el reconocido abogado y comentador político Elmer Robles Blacido, quién indicó como punto de partida, que la empresa minera Antamina, pueda cumplir tomando en reconsideración de algún modo, su compromiso.
Asimismo, resaltó el rol del gobernador regional y del alcalde provincial, de poco pasiva, al mostrar su seguridad completa en este tipo de gestiones, ya que como autoridades tienen que saber que en este tipo de gestiones, siempre suele ser cambiante los escenarios que se presentan; por lo que, indicó que el Gobierno Regional de Áncash tendría que haber estado preparado para este tipo de situaciones.
«En estas cuestiones las autoridades como políticos, saben que siempre hay marchas y contramarchas, por lo que principalmente nuestras autoridades están en la obligación de prever algún intervalo que podría significar un retroceso. Considero que es responsabilidad política no solo de la empresa Antamina que a última hora pretende dar marcha atrás, sino también de nuestras autoridades que no han tenido ojo vigilante y coordinación permanente, como el criterio previsor ante una posibilidad como esta», indicó.
Asimismo, indicó que no está mal que la sociedad civil participe y realice estas marchas en beneficio de los derechos de los ancashinos, sino que es obligación de nuestras autoridades tomar otras estrategias para lograr exitosamente estas alianzas, sin incitar o encabezar estás movilizaciones, cómo lo ha realizado el gobernador regional junto al burgomaestre provincial.
«El gobernador regional, el alcalde provincial y todas nuestras autoridades tienen otra obligación. Para ellos incluso está prohibido legalmente que participen y promuevan algún paro en contra de las autoridades o de particulares, por lo que, el Ministerio Público tendrá que encargarse de la investigación en este caso», sostuvo.
Por lo que explicó, que las autoridades moralmente podrían apoyar la movilización; sin embargo, su tarea es ponerse en gestión no solamente con la empresa minera, sino también con el Gobierno Central, proponer soluciones concretas para poder acceder a una mesa de diálogo.
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