La Contraloría General ha determinado un perjuicio por S/ 5 989 840 en la Municipalidad Provincial de Huaylas, por irregularidades en la ejecución del saldo de obra de mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario del casco urbano de la ciudad de Caraz, la misma que llevó a la entidad a asumir deudas que no le correspondían.
Veintiún funcionarios y servidores públicos están inmersos en presunta responsabilidad penal y administrativa; por ello el informe ha sido derivado a la Procuraduría Pública-Anticorrupción Descentralizada de Áncash y al titular de la entidad municipal para el inicio de las acciones correspondientes.
El informe de Auditoría de Cumplimiento N° 062-2023-2-0339, emitida en abril del 2018, detalla que, el comité de selección favoreció al único postor con la adjudicación de la consultoría para la elaboración del expediente técnico, a pesar de que no acreditó la experiencia de ocho profesionales propuestos, ni la experiencia en la actividad y la especialidad del consorcio.
Es por ello, que la entidad aprobó y pagó por un expediente técnico con deficiencias ya que no contaba con los requisitos que exigía los Términos de Referencia y el Reglamento Nacional de Edificaciones, como el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), el estudio de intervención social, el saneamiento físico legal, el Estudio de Tránsito, Gestión de riesgos, entre otros documentos.
En noviembre del 2020, la municipalidad otorgó la buena pro y firmó contrato con el postor ganador para ejecutar la obra. Sin embargo, en enero del 2021, la socia mayoritaria del consorcio denunció la falsificación de su firma en el contrato del consorcio. No obstante, la municipalidad no tramitó la nulidad del contrato por transgredir el principio de presunción de veracidad.
Adicionalmente, en agosto de ese mismo año, el consorcio solicitó a la entidad el pago por adelanto de materiales cuando la obra se encontraba paralizada. Para ello, adjuntó una carta fianza; sin embargo, la entidad bancaria informó a la comuna provincial que dicho documento era falso, pero tampoco rescindieron el contrato para ejecutar el saldo de obra.
Fue recién en marzo del 2022 que la entidad municipal resolvió el contrato por incumplimiento del contratista y ejecutaron la carta fianza de fiel cumplimiento a favor de la entidad. No obstante, a pedido del consorcio firmaron un acta de conciliación con pretensiones muy ventajosas para el contratista y muy lesivas para la entidad, lo que permitió que la Municipalidad Provincial de Huaylas asuma deudas que no le correspondían.
Asimismo, aprobaron la liquidación de la obra reconociendo 6387.48 metros tubería PVC que no fueron entregados a la entidad, sin antes realizar la deducción. De igual forma, pagaron por la ejecución de partidas del adicional de obra que no fueron aprobadas por la comuna y por partidas no contempladas en el expediente técnico, entre otros aspectos.
La comisión de control también verificó que la municipalidad no preserva los materiales y las estructuras del reservorio ejecutado parcialmente y del concreto armado del Reactor Anaeróbico de Flujo Ascendente (RAFA) de la Planta de Tratamiento de Aguas Rresiduales. En ambos casos los fierros y demás estructuras se encuentran expuestos a la intemperie sin protección, por lo que presentan oxidación y deterioro prematuro.
Datos:
La ejecución física del saldo de obra inició en enero de 2021. Durante el tiempo que duraron los trabajos se presentaron tres suspensiones de plazo y se pagaron hasta 12 valorizaciones a favor del contratista que equivalen al 10.46% del monto contractual que asciende a S/52 480 589. Actualmente la obra permanece inconclusa y abandonada.
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