La Defensoría del Pueblo de Áncash, a través de su representante, ha instado a la comunidad de Huaripampa y a la empresa minera Antamina a reiniciar el diálogo para evitar un conflicto social. La defensora subrayó que en Aquia, el diálogo sigue en suspenso debido a que la comunidad no ha retomado la mesa de diálogo.
«La mesa de diálogo ha sido liderada y facilitada por la Oficina de Gestión Social y Diálogo del Ministerio de Energía y Minas. Esperamos que este espacio se retome pronto. Estamos coordinando con el Ministerio de Energía y Minas para entender mejor las causas del quiebre en el trato bilateral entre la empresa y la comunidad, que ha estado vigente durante casi ocho meses,» comentó Soledad Rodríguez Loli, jefa de la oficina defensorial de Áncash.
Actualmente, Áncash enfrenta nueve conflictos sociales activos. La Defensoría del Pueblo mantiene la esperanza de que el diálogo continúe siendo el principal mecanismo para resolver estos conflictos. «Invocamos a todas las partes a mantener la mejor disposición al diálogo, con agendas claras y compromisos viables y cumplibles. Esto es esencial para mostrar respeto tanto a la comunidad como a la empresa,» añadió.
La defensora destacó que en septiembre se realizará una reunión multisectorial de autoridades para evaluar la situación y buscar soluciones efectivas. «La comunidad debe sentir que tanto la empresa como el Estado están comprometidos en garantizar lo acordado en los espacios de diálogo.»
Respecto a la situación en Aquia, la defensora explicó que la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros ha extendido la mesa de diálogo hasta noviembre de este año, pero se espera que la comunidad solicite la reanudación de la mesa para avanzar. «Entendemos que hay diversas posturas y que la empresa debe solicitar permisos que están siendo debatidos por varias entidades, lo que ha causado retrasos.»
En relación a las protestas anunciadas por la comunidad, la defensora reconoció que la protesta es un derecho constitucional, pero subrayó que la violencia no está permitida. «El Estado debe ser contundente y fehaciente en lo que se acuerda en los espacios de diálogo. Es crucial respetar el tiempo y los compromisos establecidos para evitar la sensación de burla que sienten los comuneros.»
Finalmente, la defensora informó que Áncash ha bajado del primer al quinto lugar a nivel nacional en cuanto a conflictos sociales, con solo nueve reportados actualmente. «Todos los conflictos están siendo manejados por el Estado, pero pedimos contundencia y respeto. No debemos retirarnos de los diálogos, sino trabajar hasta el final para entender y responder a las necesidades de la comunidad de Huaripampa,» concluyó.
