Editorial | Lagunas y fajas al límite: la desglaciación exige respuestas ya

Los temas abordados en nuestra anterior nota editorial han comenzado, por fin, a recibir atención de las autoridades reunidas en la Plataforma Regional de Defensa Civil de Áncash. Entre ellos destacan dos puntos clave: la seguridad de las lagunas frente al fenómeno de la desglaciación y la urgente necesidad de recuperar las fajas marginales de los ríos. No obstante, continúa relegado un tema fundamental: la seguridad hídrica para el consumo humano.

Sobre el primer punto, se ha evidenciado que el actual diseño institucional del Estado peruano en materia ambiental y de seguridad es estructuralmente débil. Organismos como el INAIGEM y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), pese a contar con unidades especializadas vinculadas a la desglaciación, realizan actividades paralelas con diagnósticos que, para muchos expertos y actores locales, resultan superficiales. Esta percepción se basa, entre otras razones, en el hecho de que dichos estudios no se traducen en acciones concretas: ninguna entidad asume de manera clara y efectiva la ejecución de obras de seguridad como sifonajes, diques o represas.

Esta inacción ha sido una constante histórica, y explica en parte por qué seguimos expuestos a tragedias como las de Huaraz (1941), Ranrahirca (1962), Yungay (1970) o, más recientemente, el aluvión en la subcuenca Casca. Frente a este panorama, se ha planteado la conformación de una mesa técnica integrada por los ministerios del Ambiente y Agricultura, el Gobierno Regional y otras entidades, con el objetivo de precisar intervenciones y definir presupuestos. Este anuncio es oportuno, pero solo será útil si se actúa con urgencia y con capacidad ejecutiva real, sobre todo en el marco de la anunciada reingeniería del aparato estatal.

El segundo aspecto crítico es la recuperación de las fajas marginales de los ríos, establecidas por ley como franjas de nueve metros a cada lado del cauce. Esta norma, pensada para reducir el riesgo de desbordes, es sistemáticamente vulnerada por quienes se asientan temerariamente en las márgenes, ya sea por desconocimiento o, en muchos casos, con pleno conocimiento del peligro. Cuando se presentan aluviones, estas personas son las primeras víctimas: no solo pierden sus viviendas, sino también, muchas veces, sus vidas.

En este caso, es imprescindible que la ANA y los gobiernos locales actúen con firmeza, con el respaldo de la Policía Nacional y el Ministerio Público, y con el apoyo logístico del Ministerio de Vivienda y los gobiernos regionales. Al mismo tiempo, los medios de comunicación y las universidades deben asumir un rol activo y sostenido, más allá de reacciones coyunturales, ayudando a orientar y sensibilizar a la población frente al riesgo real que suponen estas ocupaciones.

Lo ocurrido el 28 de abril no es una excepción: es una llamada de alerta que debe romper con la inacción e impulsar el desarrollo de proyectos de seguridad real.

Finalmente, es urgente que el Gobierno Regional de Áncash y la EPS Chavín tomen acción decidida para garantizar el abastecimiento de agua potable en Huaraz durante los próximos 50 años. Esto debe concretarse a través de estudios de inversión y mecanismos establecidos por ley, como los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos Hídricos (MERESE-H), regulados por la SUNASS. El Colegio de Ingenieros ha advertido con claridad: si esta problemática no se enfrenta con decisión, la capital departamental podría quedarse sin agua para consumo humano ni para riego.

La Laguna Palcacocha -hoy percibida como amenaza- podría también ser parte de la solución, si se ejecutan las obras complementarias necesarias y se gestiona su uso con visión técnica y sostenibilidad.

Lo ocurrido el 28 de abril es más que una advertencia: es una oportunidad para romper la inercia institucional y asumir responsabilidades.

Dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver.
Pónganse manos a la obra.