Editorial | Seguridad en la montaña: omisiones que podrían costar vidas

La tragedia aún no está escrita, pero las señales son inequívocas. Esta semana, la región Áncash ha sido sacudida por dos hechos que, lejos de ser aislados, forman parte de una misma cadena de omisiones históricas: la desaparición de tres jóvenes andinistas en el nevado Artesonraju y una advertencia científica de alto impacto sobre el Huascarán como uno de los puntos más críticos de riesgo geodinámico del país.

Según un informe técnico del INAIGEM, un posible desprendimiento de hielo o roca desde la cara sur del Huascarán podría desencadenar una avalancha de gran magnitud, con consecuencias devastadoras: Mancos y parte de Yungay podrían literalmente desaparecer del mapa en solo 16 minutos. Se trata de una alerta concreta, con sustento técnico y proyecciones claras, que exige descongelar la respuesta del Estado.

De forma complementaria, el mismo instituto identificó 26 lagunas glaciares en Áncash que presentan riesgo alto de desborde, según el informe publicado el 4 de junio. Si bien este diagnóstico es también relevante, es el caso del Huascarán el que debe movilizar a las autoridades sin más dilación, dado su potencial destructivo y la cercanía con poblaciones vulnerables.

En paralelo, la desaparición de los tres montañistas en el Artesonraju volvió a dejar en evidencia la precariedad de nuestro sistema de rescate en alta montaña. Mientras países como Suiza, Francia o Nepal cuentan con logística aérea, equipos especializados y protocolos integrales de rescate, en Áncash seguimos dependiendo del esfuerzo heroico de los guías de montaña y de la Policía de Alta Montaña, sin equipos suficientes, sin helicóptero, sin apoyo sostenido del Estado.

Hace años se prometió un helicóptero para rescates en nuestra región. Hasta hoy, no se ha concretado. Ni el Gobierno Central ni el Gobierno Regional han logrado ponerse de acuerdo para hacer realidad una herramienta mínima que, en situaciones como la actual, marca la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Es realmente tan difícil? No. Lo que falta es voluntad política. Y hoy, que el gobernador regional preside la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, la exigencia es más que oportuna: poner este tema en la agenda nacional, ya.

Por otro lado, el estudio del INAIGEM configura un diagnóstico técnico claro sobre los riesgos inminentes en las zonas de alta montaña. Pero no basta con diagnósticos y advertencias científicas. Reiteradamente, desde este espacio editorial hemos insistido en la urgencia de pasar del análisis a la acción. Se necesita una autoridad ejecutora de proyectos de seguridad glaciar que no dependa de la burocracia, sino que tenga capacidad técnica y presupuestal para intervenir de forma preventiva.

A la fecha, el único sistema de alerta temprana funcional es el de la laguna Palcacocha, y ya presenta signos de desgaste. En otras zonas críticas, no hay monitoreo, ni planes de evacuación, ni obras de contención. Nada. Esta falta de acción no solo es irresponsable: puede configurar omisiones graves con consecuencias penales.

El pasado 28 de abril, el aluvión en la subcuenca Casca ya encendió las alarmas. ¿Cuántos avisos más se necesitan para actuar?

La seguridad de los habitantes de la región, así como la de los miles de turistas que llegan a nuestras montañas, no puede seguir postergándose. Ignorar esta realidad no solo es negligente. Es inaceptable. Y puede ser criminal.