Violencia, deserción y escaso control: Fiscalía pone la lupa en escuelas de Áncash

Ante el incremento de casos de violencia, deserción y abandono escolar en la región, la Fiscalía de Familia de Áncash anunció que ampliará sus intervenciones articuladas en diversas instituciones educativas. Así lo informó el fiscal Ronald López Julca durante una mesa de trabajo realizada en la institución educativa Pedro Pablo Atusparia de Huaraz, que será considerada colegio piloto para implementar una estrategia regional de prevención.

“La participación de los padres de familia es mínima; hay un fuerte ausentismo incluso cuando se les convoca por temas relevantes de sus hijos. Esa es una de las primeras alertas que debemos atender”, señaló el fiscal, al referirse a los problemas estructurales que afectan a las comunidades escolares.

Uno de los puntos más críticos, advirtió, es la falta de psicólogos en los colegios, pese a que la ley exige su presencia desde 2011. “Hemos exhortado a la DREA y a las UGEL para que cumplan con esta obligación. Los casos de salud mental, violencia familiar o deserción no están siendo atendidos adecuadamente porque los centros especializados ya están saturados”, indicó.

El Ministerio Público también demandó a las autoridades educativas fortalecer la fiscalización interna y aplicar de forma estricta los protocolos de convivencia escolar. “Se requiere una supervisión inopinada que verifique si los directores están cumpliendo con su responsabilidad. No podemos seguir esperando a que los casos escalen”, enfatizó López Julca.

Durante la reunión, se puso en evidencia además la falta de seguimiento institucional a estudiantes en riesgo de abandono escolar. Aunque existen mecanismos como la DEMUNA o la Unidad de Protección Especial (UPE), el Ministerio Público denunció que no se está haciendo un acompañamiento real desde las escuelas. “Los niños que dejan de asistir simplemente desaparecen del sistema”, alertó el fiscal.

Finalmente, se acordó un plazo de dos semanas para articular propuestas con actores del sector educativo, bajo el liderazgo de la Fiscalía de Familia. “Vamos a estar presentes, porque se trata de proteger a los menores. No podemos seguir postergando estas soluciones”, concluyó López Julca.