“Castigar a menores como adultos es populismo penal”, alerta fiscal sobre nueva ley
El fiscal de familia Ronald López cuestiona la propuesta de ley que busca juzgar a menores de 14 a 16 años como adultos en delitos graves, asegurando que carece de un análisis serio y podría violar derechos humanos.
El fiscal de familia Ronald López advirtió que el proyecto de ley que busca sancionar a menores de entre 14 y 16 años como si fueran adultos podría generar serios cuestionamientos internacionales por violaciones a los derechos humanos.
El proyecto, propone que adolescentes de 14 y 16 años sean juzgados bajo el mismo régimen penal que los adultos cuando cometan delitos graves. Para el fiscal López, esta iniciativa carece de un análisis criminológico serio y responde más a una intención populista que a una política de justicia juvenil sólida.
“Se quiere implementar esta ley sin una evaluación real de la capacidad de discernimiento de los menores ni de las condiciones sociales que los rodean. Es populismo penal sin criterios técnicos”, afirmó López en declaraciones públicas.
El magistrado recordó que ya existe una normativa — que establece responsabilidad penal para adolescentes de 16 y 17 años en casos de delitos graves. Sin embargo, señaló que el nuevo proyecto no toma en cuenta las causas estructurales de la delincuencia juvenil, como la pobreza, la falta de educación o las escasas oportunidades.
“El Estado prefiere criminalizar a los menores antes que atender los vacíos que ha dejado. No hay políticas reales de prevención, solo castigo”, sostuvo.
López también alertó que de aprobarse esta norma, se vulneraría el principio de justicia diferenciada entre adultos y menores, reconocido en tratados internacionales de derechos humanos, lo cual abriría la puerta a futuras anulaciones de procesos por violaciones al debido proceso.
“La justicia penal juvenil no puede ser igual a la de los adultos. Si seguimos este camino, solo vamos a sobrepoblar aún más las cárceles y a generar procesos judiciales cuestionables y posiblemente anulables por organismos internacionales”, advirtió.
Actualmente, el sistema penitenciario del país opera con un hacinamiento que alcanza el 200% y hasta el 400% en algunas regiones, lo que agravaría la situación si se criminaliza a más menores.
El fiscal llamó a abordar el tema con mayor seriedad técnica y enfoque integral. “La solución no puede ser inmediata y simplista. Si no se actúa con criterio y equilibrio, en unos años vamos a enfrentar una crisis aún más compleja”, concluyó.