Editorial | No falta agua, falta gestión: la advertencia que no debe ignorarse
Desde el Consejo de Usuarios Norte, el ingeniero Julio César Coral ha encendido una alarma legítima: sin almacenamiento ni prevención, Huaraz se encamina a una crisis hídrica. La ley ofrece soluciones, pero ¿qué han hecho las autoridades?
“Si no se actúa, podríamos quedarnos sin agua en cinco o diez años”.La advertencia del ingeniero Julio César Coral Jamanca, actual miembro del Consejo de Usuarios Norte ante la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), no puede ni debe pasar desapercibida. No se trata de una frase alarmista ni de un discurso técnico más: es un llamado directo, desde la experiencia y la representación ciudadana, a encender todas las alarmas frente a una crisis hídrica en curso que puede agravarse si no se toman decisiones inmediatas.
Que la voz de alerta venga de un huaracino con experiencia previa en la EPS Chavín y que hoy representa a millones de usuarios de las regiones del norte (Áncash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura), es una oportunidad valiosa para poner el tema sobre la mesa pública. Coral conoce desde dentro cómo opera el sistema de saneamiento en nuestra región y no ha dudado en advertir lo que muchas autoridades aún prefieren ignorar: la ausencia de proyectos de almacenamiento de agua, la falta de prevención frente a los efectos del cambio climático y el deterioro progresivo de nuestras fuentes naturales.
Lo más preocupante es que esta situación no se debe a la falta de normas, sino a la falta de gestión. En el Perú, existen instrumentos legales y financieros para anticiparse a esta crisis. Uno de ellos es la Ley N° 30215, que regula los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MERESE) y permite a las empresas prestadoras de agua destinar parte de lo recaudado en tarifas a la conservación de las fuentes de agua. Su objetivo es garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas que proveen servicios como el agua, a través de esquemas financieros que permiten retribuir a quienes protegen las fuentes naturales. Esto ya se aplica en regiones como Cusco, Moyobamba, Arequipa y Lima, donde los recursos provenientes de los recibos de agua permiten financiar la protección de humedales, bofedales, cabeceras de cuenca y zonas de recarga hídrica.
En Huaraz, sin embargo, la EPS Chavín aún no parece haber implementado plenamente este mecanismo, al no existir una presentación pública de proyectos de inversión orientados a infraestructura natural o a planes de contingencia para escenarios de escasez. Esta omisión, sumada al silencio institucional frente a la advertencia pública lanzada por Coral, compromete la seguridad hídrica de la ciudad. Y cuando el riesgo es conocido, la omisión es responsabilidad.
La Sunass, como ente regulador, tiene un rol clave que no puede delegar ni aplazar. No basta con supervisar indicadores de corto plazo o con autorizar tarifas. Debe exigir que se cumplan metas de sostenibilidad, y que el componente MERESE esté claramente incorporado en las tarifas de los usuarios, con transparencia y con resultados. Además, tiene que impulsar una agenda de educación ciudadana que permita que la población entienda que pagar por el agua no solo es un deber de los consumidores, sino una forma de invertir en el futuro de todos al contribuir a la conservación.
El Gobierno Regional de Áncash, por su parte, no puede seguir actuando como si este no fuera su problema. Tiene competencias directas en la gestión territorial del agua, en el impulso de proyectos con enfoque ambiental y en la articulación con el Ejecutivo. Su pasividad, hasta ahora, es preocupante.
La ciudadanía tiene derecho a exigir un servicio de agua seguro, continuo y sostenible. Pero ese derecho se sostiene sobre decisiones técnicas y políticas que hoy se están tardando. No falta agua, falta voluntad. No faltan leyes, falta gestión. Y si no reaccionamos, lo que vendrá no será solo escasez: será la confirmación de que tuvimos todas las herramientas a la mano… y nadie hizo nada.
