Minería ilegal le cuesta al Perú más de S/ 23,760 millones al año y supera al narcotráfico, según el Colectivo PAS
El 44 % del oro ilegal que se exporta en Sudamérica sale del Perú. Según el Colectivo PAS, la minería ilegal no solo contamina y deforesta: también financia redes criminales, corrompe autoridades y pone en jaque al Estado.
La minería ilegal ya no es solo un problema ambiental o informal: es la principal economía ilícita del país, generando pérdidas por más de S/ 23,760 millones anuales, equivalentes al 2.5 % del PBI, de acuerdo con cifras de V&C Analistas citadas por el Colectivo PAS. El impacto de esta actividad supera incluso al narcotráfico, alertó esta organización ciudadana.
El Colectivo también adviertió que el Perú lidera la exportación de oro ilegal en Sudamérica con el 44 % del total, muy por encima de Colombia (25 %) y Bolivia (12 %), según cifras del Instituto Peruano de Economía (IPE). Casi la mitad del oro que se produce en el país es de origen ilegal, con un valor superior a los 7 mil millones de dólares anuales.
Pero el oro no es el único metal bajo amenaza. El informe difundido señala que la minería ilegal también alcanza al cobre y a actividades no metálicas, expandiendo sus efectos destructivos en múltiples regiones del país.
Impunidad, corrupción y un Estado ausente
Según el Colectivo PAS, la inacción del Estado es el principal factor que permite el avance de esta economía criminal. Uno de los mecanismos más cuestionados es el REINFO, un registro creado para la formalización minera que, tras casi una década, solo ha logrado formalizar al 2.3 % de los inscritos, pero impide que sus beneficiarios sean denunciados por minería ilegal.
Además, se denuncia la falta de trazabilidad del mineral, lo que facilita que el oro extraído ilegalmente se procese en plantas autorizadas y se mezcle con producción legal. Entre 2020 y 2023, se reportaron más de USD 12,000 millones en operaciones sospechosas vinculadas a esta actividad, según la UIF-SBS.
El informe también vincula la minería ilegal con la corrupción de funcionarios públicos y el debilitamiento institucional. Según una encuesta de IPSOS citada en el reporte, el 82 % de los ciudadanos cree que esta actividad influye en decisiones del Congreso y los Gobiernos Regionales.
Las consecuencias son alarmantes: más de 43 toneladas de explosivos fueron incautadas en 2023; se ha documentado su vínculo con sicariato, extorsión, trabajo infantil y trata de personas; y ha invadido al menos 18 Áreas Naturales Protegidas, incluyendo las Líneas de Nasca. Entre 2021 y 2023, deforestó casi 24 mil hectáreas en Madre de Dios y ha vertido más de 3,000 toneladas de mercurio a los ríos amazónicos en los últimos 20 años.
Afectaciones sociales, ambientales y criminales
El Colectivo PAS expone que la minería ilegal tiene efectos devastadores en múltiples dimensiones:
Criminalidad: La actividad está asociada a redes que cometen sicariato, extorsión y otros delitos violentos. En lo que va del año 2025, se han registrado 750 homicidios, un 21 % más que en el mismo periodo de 2024.
Trabajo infantil: Uno de cada cuatro niños y adolescentes en el país se encuentra en situación de trabajo infantil, y muchos son explotados en zonas mineras ilegales.
Trata de personas: Entre 2017 y 2024, se han reportado más de 4,700 denuncias por trata, especialmente de mujeres y adolescentes, muchas de las cuales terminan en prostíbulos instalados en campamentos mineros.
Contaminación y deforestación: Además del mercurio en ríos y la destrucción de bosques amazónicos, la minería ilegal ha alcanzado reservas arqueológicas y territorios comunales, violando derechos de propiedad.
Desconfianza institucional: La percepción de corrupción y la falta de control estatal han deteriorado la confianza ciudadana en las autoridades, debilitando aún más el tejido institucional.
📌 Descarga el informe completo del Colectivo PAS: “¿Cómo funciona esta cadena criminal?”