Las propuestas vinculadas a la minería informal e ilegal ganan espacio en el nuevo Congreso. El 12 de abril fueron elegidos y reelegidos actores políticos que han impulsado o respaldado iniciativas orientadas a modificar el marco legal que regula este sector. Estos serán, posiblemente, los nuevos integrantes de lo que el analista Iván Arenas denominó la “Bancada Reinfo”.
Uno de ellos es Víctor Raúl Cutipa Cama, actual congresista por Ica y presidente de la Comisión de Energía y Minas. Cutipa, virtual reelegido como senador por Juntos por el Perú, se ha convertido en uno de los principales impulsores de cambios al régimen de concesiones mineras que beneficiarían a los informales e ilegales. Su papel ha estado orientado a promover modificaciones normativas que permitan la continuidad de estas operaciones, lo que, según especialistas, impacta directamente a la minería formal.
El profesor y dirigente Andrés Villegas Ramos Huillca es el virtual senador por Apurímac de Juntos por el Perú. Él ha tomado posición para respaldar la actividad minera informal y cuestionar la presencia de grandes empresas. En la misma región aparece el dirigente minero Jesús Pérez Accahuamán, virtual diputado por Juntos por el Perú, que cuenta con el respaldo político de la Federación Regional de Comunidades Indígenas Mineras de Apurímac (FEDECIM). Su agenda consiste en impulsar la Ley MAPE, modificar la Ley General de Minería y revisar el sistema de concesiones, es decir, promover cambios en las reglas del sector.
Desde Arequipa, el virtual senador por el Partido del Buen Gobierno Juver Nilson Flores Suárez se mueve en el nivel de la vocería. Como abogado y consultor, ha sido asesor del Congreso y de la Federación de Mineros Artesanales de Arequipa. Aparece como posible vocero de los mineros artesanales, y su rol político podría contribuir a posicionar este tema en la agenda nacional.
En La Libertad, Diego Bazán Calderón, actual congresista, sería reelegido por Renovación Popular. Bazán apoyó la ampliación del Reinfo, una decisión política que extendió la vigencia de miles de operaciones informales. A su lado estará Víctor Seferino Flores Ruiz, de Fuerza Popular, uno de los parlamentarios que votó a favor de normas vinculadas al sector, como la que dejó de considerar organización criminal a tener nueve concesiones mineras en La Libertad y Piura: cinco fueron extinguidas entre 2017 y 2021 por caducidad o falta de pago, mientras que las otras fueron transferidas. El parlamentario impulsa, además, el proyecto de ley 11238/2024-CR, que propone un nuevo régimen para la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE).
Gilmer Trujillo Zegarra, también de Fuerza Popular, plantea formalizar sin criminalizar a los “mineros artesanales”. La propuesta plantea un enfoque de formalización con menores barreras, lo que, según especialistas, abre el debate sobre los mecanismos de fiscalización y control que deberían acompañar estos procesos.
En Puno, el virtual diputado de Ahora Nación Helard Bladimir Songo Villanueva tiene cercanía con la minería artesanal, por lo que podría sumarse a este bloque. Y en Cajamarca, el virtual diputado de Juntos por el Perú Gabriel Robertino Gonzales Delgado, quien fue vicepresidente del Frente Ambiental, ha señalado en campaña que defenderá la inviabilidad del megaproyecto Conga de Minera Yanacocha. Anunció también la presentación de un proyecto de ley para que los grandes grupos de poder paguen por el uso de las aguas subterráneas y que la SUNAT fiscalice la salida de los minerales al extranjero.
Lo que preocupa
Para Víctor Fuentes, especialista del Instituto Peruano de Economía (IPE), los cambios que impulsaría este grupo tendrían un impacto negativo. “En el Perú, sacar adelante un proyecto minero formal toma décadas. Si el Congreso amplía esquemas transitorios como el Reinfo, envía una señal negativa: quien incumple reglas puede terminar obteniendo más plazo y menores exigencias”, señala.
Fuentes sostiene que el riesgo es que se afecte a la minería formal por varios frentes. “Se genera una distorsión en las condiciones del sector —el formal paga impuestos y cumple estándares; el informal muchas veces no—, se deterioran las expectativas de inversión y se debilitan la recaudación, el empleo formal y el crecimiento”, explica.
Además, identifica tres focos críticos: la ampliación del Reinfo, que prolonga un régimen temporal sin solución de fondo; la nueva ley para la pequeña minería, que plantea beneficios y esquemas especiales; y los cambios a la Ley General de Minería y al sistema de concesiones, con propuestas como acortar plazos o imponer nuevas exigencias de producción.
