Clientelismo político y comercial

Si las nuevas autoridades regionales y municipales quieren hacer gestiones diferentes y decorosas, y no perder sus cargos tienen que cortar por lo sano las designaciones ilegales que se producen por presiones familiares, partidarias e incluso –peligrosamente- comerciales, que lindan en el clientelismo.

Con preocupación hemos visto que el gobernador regional que comenzaba boyante con su actuación pública dio severos traspiés en la designación de sus primeros funcionarios y las tempraneras renuncias que están afectando su imagen y por lo mismo está en la obligación de revertir sus iniciales errores para poner a prueba a quienes lo aconsejan y rodean.

Definitivamente designar familiares está totalmente prohibido por la Ley, que tiene ya sanciones taxativas para quienes la cometan.  En eso, las normas han sido concluyentes y ya hemos visto cuántas autoridades han perdido sus cargos por ignorancia o por terquedad.

Las presiones partidarias también están a la orden del día. Nadie está en contra en que los simpatizantes y militantes de un partido que apoyaron a determinado candidato no tenga el derecho de cumplir funciones de colaboración con su nueva autoridad o líder; pero también es necesario recordar que la Ley prevé requisitos como el perfil requerido para los cargos y que las plazas estén debidamente presupuestadas, como muy bien lo ha recordado el fiscal de Prevención del Delito, en nota que reproducimos hoy.

Hay sanción para quien designa y para quien recibe indebidamente en el cargo y –cuidado- que las propias autoridades pueden estar trabajando sus propias vacancias y luego traten de echar la culpa a sus opositores.  Además el gobernador y alcaldes deben de recordar que si –a sabiendas que determinado funcionario que designan no está debidamente preparado- a la larga va a socavar su propia imagen y reputación.

Otro hecho preocupante es la contratación indiscriminada de personal que se advierten en las diferentes reparticiones públicas, habiéndose convertido en un círculo vicioso en que cada gestión que entra lleva a su personal y la burocracia sigue sobredimensionándose, pasándole finalmente la factura al pueblo, como hemos visto durante las últimas gestiones en la Municipalidad Provincial de Huaraz e Independencia donde el hacinamiento de sus instalaciones, con personal impago y los servicios que colapsan en perjuicio del contribuyente, que es el ciudadano.

Otra presión todavía perversa es la que ya están ejerciendo quienes han financiado las campañas electorales que inciden en colocar a personajes cuestionados –que pueden tener perfil profesional, pero no solvencia moral- y que persisten en los cargos para direccionar licitaciones y servicios, que no es otra cosa que incubar la corrupción, pese a que los discursos de la mayoría de las autoridades entrantes ha incidido en “luchar contra este flagelo”.

Es hora de que la coherencia entre lo que se predica y se hace se colija.  Si no, nada ha cambiado.