Áncash: Contraloria detectan perjuicio mayor a S/ 4 millones por pagos irregulares de incentivos laborales
Daño económico afectó a las UGEL Antonio Raimondi y Mariscal Luzuriaga y veintiséis funcionarios y servidores públicos tendrían presunta responsabilidad penal y/o administrativa
Mediante dos informes de Auditoría de Cumplimiento, la Contraloría General identificó un perjuicio económico por S/ 4 494 770 en las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de Antonio Raimondi y Mariscal Luzuriaga debido a pagos irregulares de incentivos laborales adicionales a favor de funcionarios y trabajadores administrativos de ambas sedes, que se ejecutó afectando recursos destinados al pago de docentes.
El informe de Auditoría de Cumplimiento N° 30505-2021-CG/GRAN-AC, detalla que entre enero del 2018 y diciembre del 2020, funcionarios y servidores públicos de la UGEL Antonio Raimondi ocasionaron un perjuicio económico a la entidad por S/ 2 462 480 debido a que otorgaron incentivos laborales adicionales en beneficio propio y el de trabajadores administrativos contratados bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276.
El pago adicional se hizo a pesar que se cumplió con desembolsar el incentivo único que autorizó el Ministerio de Economía Finanzas (MEF), sin embargo, se autorizaron y pagaron incentivos adicionales que no correspondían, basados en una Resolución Gerencial Regional que contravino la escala establecida por el MEF y que además no estaba registrada en el Aplicativo para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP).
En consecuencia, en el 2018 se benefició irregularmente a 23 trabajadores, incluyendo a los funcionarios que tenían a su cargo el manejo de los recursos. En el 2019, el pago se hizo a favor de 25 trabajadores, mientras que, en el 2020, los beneficiarios fueron 20 servidores.
De igual forma, mediante el informe de Auditoría de Cumplimiento N° 29140-2021-CGR/GRAN-AC, se determinó que en la UGEL Mariscal Luzuriaga, se simuló el pago de planillas de remuneraciones del personal activo con montos superiores a los que les correspondía, para luego destinarlos al pago irregular de incentivos adicionales, a pesar de no contar con autorización. Esta situación ocasionó a la entidad un perjuicio económico por S/ 2 032 290.
En el 2019, a pesar de haber cumplido con el pago del incentivo único establecido por el MEF, los funcionarios elaboraron planillas adicionales para el pago irregular, favoreciendo a 24 trabajadores, incluyendo a quienes autorizaron los desembolsos; mientras que, en el 2020, se benefició a 27 trabajadores. Por estos hechos 12 funcionarios y servidores públicos tendrían presunta responsabilidad penal y administrativa.
Ambos informes se encuentran publicados en la página web institucional https://www.gob.pe/contraloria y fueron derivados al Procurador Público de la Contraloría General para las acciones legales del caso. Asimismo, a los directores de las entidades para que, en el marco de sus facultades inicien las acciones administrativas correspondientes.
