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Gobernador querella a empresaria

Elecciones 2020

Gobernador querella a empresaria

Por el delito de difamación agravada, presentó la denuncia Enrique Vargas contra la empresaria Edit Guevara por acusarlo de haberle solicitado 40 mil soles.

El Gobernador Regional de Ancash, Enrique Vargas Barrenechea, presentó  ante la Corte Superior de Justicia de Áncash, la querella en contra de la empresaria Edit Vilma Guevara Aponte,  por la comisión del delito de difamación agravada.

Como se recuerda, la querellada Edit Vilma Guevara Aponte, con fecha 26 de enero del año 2017, manifestó públicamente, y ante noticieros locales, haber entregado suma de dinero a la autoridad regional, para supuestamente ser favorecida en la adjudicación de la licitación de una obra en la provincia del santa.

Las acusaciones completamente falsas, realizadas por la querellada Edit Vilma Guevara Aponte, fueron tomadas como fuente de información para ser difundidos en  diversos medios de comunicación social (radio, tv, prensa y redes sociales), atribuyendo hechos y conductas difamatorias sobre la autoridad regional, denigrando su imagen personal y desacreditándolo ante la opinión pública.

Según el artículo 132° del código penal peruano, se ha regulado el delito de difamación agravada en los siguientes términos:

“El que ante varias personas reunidas o separadas, pero de manera que pueda difundirse la noticia, atribuye a una persona, un hecho, una cualidad o una conducta que puede perjudicar su honor o reputación, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a ciento veinte días  – multa”.

“Si el delito se comete por medio del libro, prensa u otro medio de comunicación social, la pena será privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años y de ciento veinte a trescientos sesenta y cinco días – multa”.

Cabe mencionar que en la conferencia de prensa realizada el pasado 02 de febrero con la presencia de los comunicadores sociales; el Gobernador Regional manifestó ante la opinión pública lo siguiente: “Le puedo asegurar que nunca le he solicitado ni aceptado nada a nadie, nunca he permitido el mal uso de fondos públicos, ni actuado ilegalmente, si alguien de las personas que trabaja en el GRA lo ha hecho tendrá que ser investigado y tiene que caerle todo el peso de la ley”, dejando claro que su persona no tiene nada que ver en presuntos actos acusatorios por parte de la  querellada.

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