El exalcalde de la municipalidad provincial de Huaraz, y hasta hace poco gobernador regional de Áncash, Waldo Ríos Salcedo fue sentenciado a cinco años de prisión en el penal Víctor Pérez Liendo el último 28 de setiembre por el Poder Judicial luego de encontrar responsabilidad al haber cometido delitos de corrupción cuando se desempeñó como burgomaestre capitalino en 1999.

Diversas fueron las reacciones de los opositores de Ríos Salcedo quienes celebraron el fallo y los seguidores del mismo quienes la cuestionaron calificándola de injusto.

Ancash Noticias tuvo acceso exclusivo a la resolución de la Sala Penal Liquidadora Permanente de la Corte Superior de Justicia de Áncash en la que sus integrantes argumentan las razones por la cual decidieron emitir una sentencia condenatoria.

Antes es importante remontar al 20 de marzo del 2001, fecha en la que la Fiscalía formalizó denuncia contra Rafael Saco Vertiz, Rosario Rondán Palma y Joaquín Santiago Romero; los primeros fueron funcionarios de la comuna huaracina y el último, un asesor de la referida municipalidad que también se convirtió en un principal proveedor.

Los tres fueron investigados por concusión, peculado, malversación, corrupción, enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos.

Según el apartado “Hechos y circunstancias objetos de la imputación” de la resolución judicial, en la época en que se cometieron los delitos, Waldo Ríos se encontraba en campaña para ser congresista de la República y comprometió la parte económica de la comuna de Huaraz para “presentarse ante la población como el ejecutor de una serie de obras, las cuales han sido efectuadas de manera precipitada y deficiente por parte de personas de su entorno”.

Para tal fin se coludió con el director de Desarrollo Urbano, Rafael Saco, y jefe de Abastecimiento, Rosario Rondán; además de Joaquín Santiago, quien trabajó como personal de apoyo en la División de Servicios Técnicos de la Dirección de Desarrollo Urbano. Este último -según el documento- era “amigo personal e incondicional” de Ríos Salcedo.

El entonces alcalde huaracino contrató de “manera especial” a Joaquín Santiago para “la preparación y perpetración desde dentro de la gestión edil de los manejos económicos y favorecimientos concertados”.

Es así que Joaquín Santiago se “encargó” de efectuar los estudios técnicos para las obras de alumbrado público del Parque Perú, la berma central de la avenida Bolognesi y la berma central de la avenida Antonio Raymondi. Del mismo modo, las obras de electrificación de las plazuelas de los caseríos de San Nicolás, Huamarín, Villa Progreso y el centro poblado menor de Coyllur.

A pesar de que trabajó para la comuna y apoyó en la elaboración de los expedientes, Joaquín Santiago se convirtió en el principal proveedor de casi la totalidad de los materiales que necesitaba la municipalidad para la ejecución de las mencionadas obras. Esto a través de sus empresas Electricidad Técnica Superior (Eltesu) y JSR Inversiones S.R.L.

Por todas estas razones, la Sala Penal -por mayoría- decidió condenar a los cuatro procesados a cinco años de prisión efectiva por este delito. Además, fueron inhabilitados por tres años y tendrán que pagar una reparación civil de ocho mil soles.

En el caso del delito de peculado doloso, por unanimidad, el colegiado decidió emitir una sentencia absolutoria debido a que “no se ha determinado fehacientemente una real y grave afectación a la entidad agraviada”.

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